Desde Plataforma 2012, queremos
hacer llegar nuestro repudio por la represión llevada a cabo en la ciudad de
Rawson contra vecinos movilizados en favor de la ley 5001, el día 27/11, frente
a la legislatura provincial, la cual causó numerosos heridos, varios de ellos
hospitalizados. Se trata de una represión tercerizada, de la cual es responsable
tanto el gobierno provincial como nacional, que utilizó las patotas del
sindicato de la construcción (UOCRA), dirigido por Gerardo Martínez, quien
fuera agente de inteligencia del Batallón 601
y oficial del Destacamento
201 de Campo de
Mayo.
Recordemos que la ley 5001 que
prohíbe la megaminería en Chubut fue producto directo del plebiscito realizado
en Esquel en marzo de 2003, en el cual el 81% de la población votó contra la
instalación de una mina, en un verdadero ejemplo de democracia
“desde abajo”. En la actualidad, el gobernador
Martín Buzzi, busca derogar esta ley, para imponer un nuevo marco regulatorio
que rezonificaría la provincia, decretando “área de sacrificio” a la zona de la
meseta (donde habitan pueblos originarios), y avanzando en la posibilidad de
realizar actividad minera también en la zona de la cordillera.
Desde Plataforma 2012 manifestamos nuestro apoyo a la ley
5001 que prohíbe la megaminería con cianuro en Chubut, exigimos su no derogación
e instamos a todos los representantes del Congreso chubutense y a su ejecutivo,
a dejar de lado las falsas soluciones cortoplacistas que propone una actividad
como la megaminería (síntesis del maldesarrollo) y a debatir soluciones y
proyectos de largo plazo, que sean sustentables para el conjunto de la
sociedad.
No es decretando “área de sacrificio”
a la meseta patagónica que la provincia del Chubut encontrará el camino de la
inclusión, la democratización y la justicia social. Tampoco lo es la negación de
un referéndum, a pedido de la población, tal como pretende hacer el gobernador,
amparándose en el artículo 22 de la Constitución nacional, al afirmar que “el
pueblo no gobierna sino a través de sus representantes”. No es con más criminalización y
represión que los conflictos relativos a la megaminería pueden resolverse, sino
por la doble vía de un genuino debate de la sociedad sobre las consecuencias que
acarrea el modelo de megaminería y muy especialmente, a través de la democratización de
las decisiones, tal como mostró el plebiscito de Esquel en 2003, así como el
referéndum realizado en junio de este año en Loncopué, provincia de Neuquén, el
cual sentó un hito importante en la historia de las luchas sociales
argentinas.
Asimismo, queremos hacer llegar
nuestra solidaridad a todos los pueblos movilizados que en
distintos lugares del país y desde hace años, vienen luchando en ostensible
situación de asimetría de fuerzas, contra el modelo neocolonial de la
megaminería a cielo abierto.
Somos conscientes de que, lejos de
haberse abierto un debate “serio y responsable” sobre la megaminería, más allá
de la altisonante convocatoria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
en febrero de este año, lo que se ha producido es un rápida clausura de
cualquier debate, a través del realineamiento operado entre el poder económico,
el poder político y el poder mediático respecto del tema, visible en la
creación, a espaldas de la sociedad, de OFEMI (Organización Federal de Estados
Mineros), la visita de la presidenta al emprendimiento de Cerro Vanguardia, en
Santa Cruz, la presentación en cadena nacional del emprendimiento Potasio Río
Colorado y la masiva publicidad prominera que ha invadido los medios de
comunicación del país (lo cual incluye un spot publicitario en nombre de la
“minería responsable”, de la Barrick Gold, la empresa responsable de la
destrucción de glaciares en Pascua Lama).
Como contracara del realineamiento
estratégico entre los diversos poderes, observamos un aumento de la
criminalización y represión de las luchas socio-ambientales, la estigmatización
del ambientalismo y un mayor cierre de los canales de expresión. Muestra de ello
es la política de criminalización y la escalada represiva que, a partir de la
pueblada de Famatina, viene desarrollándose en contra de estas movilizaciones,
en diferentes provincias. Muy especialmente en Catamarca, en donde en los
últimos meses hemos asistido a 7 episodios de represión, que han incluido
detenidos y procesamientos en Belén, Santa María y Tinogasta, bloqueos
promineros selectivos en Andalgalá, represión y desalojo en Cerro
Negro.
Estos procesos van acompañados por
una creciente estigmatización del “ambientalismo”, figura que aparece demonizada
no sólo desde el discurso empresarial sino desde los diversos oficialismos
(provinciales y nacional). Los ambientalistas aparecen descalificados sin más
como “fundamentalistas”, cuando no –como es el caso en Catamarca, La Rioja y San
Juan-, imputados como “foráneos”, como si éstos no fueran ciudadanos argentinos
con plenos derechos, sea el territorio provincial en el cual se encuentren. Esto
se evidenció en el desalojo violento del campamento de Cerro Negro, en julio de
este año, que derivó en la expulsión de la provincia de Catamarca de activistas
que realizaban un acampe, imputados como “ambientalistas”, “hippies” y
“foráneos”.
Así, en nombre de un discurso
seudofederalista, asistimos a una mayor consolidación
de provincias
“feudos”, cuyos gobiernos, aliados estratégicos del gobierno nacional, muestran
el gran desfase existente entre la realidad incontestable de los hechos y la
sobreactuación de una épica progresista en clave nacional y popular.
Por último y una vez más, desde Plataforma 2012 queremos reafirmar nuestra convicción
de que esta lucha por la protección y defensa de nuestras
cuencas hídricas, de nuestros territorios y nuestros bienes comunes, es una causa nacional, que nos
involucra a todos los argentinos y argentinas. En razón de ello, como ya hemos hecho conocer a
través de un pronunciamiento emitido el 10 de febrero del corriente
año, Plataforma 2012 propone debatir e impulsar las
siguientes propuestas:
1. Reforma integral del Código de Minería y
derogación de la Ley
de
Inversiones Mineras (ley 24.196) y sus
modificatorias, que promueven y habilitan la destrucción de los bienes
comunes y el despojo colonial de nuestras riquezas.
2.
Aplicación efectiva de la Ley
Nacional de
Protección de los Glaciares en todo el país.
3. Recomposición ambiental
de las zonas afectadas por los megaemprendimientos mineros que actualmente
existen en el país.
4.
Cierre de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse
contra la megaminería.
5.
Urgente derogación de la nueva ley
antiterrorista.
6.
Urgente sanción de las leyes provinciales derogadas en La Rioja y en Río Negro, que prohibían este tipo de
megaemprendimientos mineros.
7. Urgente sanción de la ley
contra la criminalización de la protesta social, que se encuentra en estado
parlamentario.
8.
Activación y ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa que apunten a la
democratización de las decisiones.
9. Propuesta de Declaración de una
moratoria a nuevas concesiones a la exploración y explotación minera
metalífera.
10. Propuesta
y debate de una Ley Nacional de Prohibición de la megaminería metalífera con
uso
de sustancias tóxicas y la uranífera en todo el
país.
11.
Propuesta de un gran debate nacional que reflexione y genere políticas
públicas que apunten a una salida del extractivismo, en pos de un
equilibrado e igualitario desarrollo de los pueblos, respetando su
cultura y sus formas de vida.
